DERECHO CONSTITUCIONAL I

Resulta de interés nacional, el equilibrio entre gobernantes y gobernados; para una eficaz administración y control de los actos de los Poderes Públicos, especialmente del Poder Ejecutivo; contar con un órgano independiente e imparcial que proteja a los ciudadanos frente a sus excesos para ello es menester un adecuado sistema de nombramiento de magistrados cuyo único sustento seria su elección a través del sufragio directo de los abogados integrantes del Foro Nacional.

Los Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, desarrolla funciones jurisdiccionales; la posición que tienen dentro del ordenamiento fundamental del Estado, determina invariablemente fijar, por medio de la autoridad competente, implanten mecanismos que aseguren la evaluación practica de las disposiciones que se prevean los Códigos de Ética, relacionadas con la prevención de conflictos de intereses, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.

Adoptar, atraves del acto legal o administrativo que corresponda, parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética, que permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la prevención de conflictos de intereses.

Adoptar, atraves del acto legal o administrativo que corresponde, lineamientos o guías que orienten a las entidades públicas en el cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de la disposición de los Códigos de Ética.

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control de los recursos de la administración pública.

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta el Estado Plurinacional de Bolivia para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Fortalecer sistemas para proteger a los servidores públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.